Enrique Galván Lamet | Director de Plena inclusión

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un hombre al que, pese a tener reconocida discapacidad intelectual del 65% y grado 1 de dependencia, la Comunidad de Madrid le había negado el ingreso en un centro especializado en atención de personas con discapacidad, y le había dado plaza en una residencia de la tercera edad por tener más de 65 años, lo que impedía que pudiera recibir apoyos específicos para su discapacidad. La resolución deja sentada claramente la doctrina de que las limitaciones o restricciones basadas en la edad para poder acceder a una prestación social son discriminatorias, pues a la persona se le deniega disfrutar del recurso más adecuado a sus circunstancias, en este caso, una residencia especializada para personas con discapacidad intelectual, por una mera cuestión cronológica, derivándola a una residencia genérica de personas mayores, cuya orientación no se corresponde específicamente con el tipo de discapacidad que tiene esta persona.

Hace varios años, desde Plena inclusión ya advertimos de que en varias comunidades autónomas se pretendía otorgar plazas en residencias de mayores a personas con discapacidad intelectual, lo que vulneraba sus derechos. Por eso, junto a las organizaciones de discapacidad agrupadas en el Cermi, nos congratulamos de esta sentencia que sienta jurisprudencia en las administraciones públicas, y esperamos que sirva de ejemplo para que adapten su legislación de manera que sea tenida en cuenta la opinión de las personas con discapacidad intelectual mayores de 60 años y tengan la opción de que se les reconozca el servicio de atención residencial especializada en discapacidad intelectual, en el marco del Programa Individual de Atención recogido en la Ley de Dependencia. Y solicitamos un acuerdo en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales, para que todas las comunidades autónomas procedan a la modificación.